El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema orientado a estimular proyectos productivos de escala intermedia, con la reglamentación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI). La medida, formalizada mediante el Decreto 242/2026, apunta a generar un marco más accesible para empresas que buscan crecer, modernizarse o incorporar tecnología.
A diferencia de otros programas más concentrados en grandes inversiones, este régimen se enfoca en un segmento clave del entramado productivo: las pymes que necesitan escalar operaciones y mejorar su competitividad en un contexto económico desafiante.
Foco en modernización productiva y eficiencia
El RIMI promueve inversiones vinculadas a maquinaria, innovación tecnológica, infraestructura y eficiencia energética. Podrán acceder empresas con certificado MiPyME, hasta tramo 2, así como organizaciones sin fines de lucro registradas ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.
Dentro de los proyectos alcanzados se incluyen bienes de capital nuevos, equipamiento informático, sistemas de telecomunicaciones y soluciones productivas aplicadas al agro. También se contemplan iniciativas vinculadas a energías renovables y mejoras en el uso de la energía, un factor cada vez más relevante para reducir costos y aumentar la competitividad.
Este enfoque refleja un cambio en la lógica de los incentivos: no solo se busca aumentar la producción, sino también hacerla más eficiente, sustentable y alineada con estándares actuales.
Beneficios fiscales y condiciones de acceso
Uno de los principales atractivos del régimen es el acceso a beneficios fiscales, entre ellos la posibilidad de recuperar parte del IVA asociado a las inversiones. Este mecanismo contará con un cupo anual y estará sujeto a criterios de asignación vinculados al volumen y antigüedad de los créditos fiscales.
Para ingresar al programa, las inversiones deberán ser nuevas y cumplir con los requisitos de amortización establecidos por la normativa vigente. En el caso de obras, se exigirá que no superen el 30% de avance al momento de solicitar el beneficio.
Además, las empresas deberán acreditar su condición de MiPyME y no registrar deudas fiscales pendientes, lo que busca garantizar un acceso ordenado al régimen.
Con este esquema, el Gobierno intenta cubrir un vacío en la política productiva, apuntando a proyectos que, sin ser de gran escala, tienen capacidad de generar impacto en empleo, innovación y desarrollo regional. La clave estará en su implementación y en la respuesta del sector privado frente a estos incentivos.
