La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) se declaró en estado de alerta ante el incremento de los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre empresas, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas. La entidad anunció que impulsará un Plan de Acción Nacional para reclamar medidas que contemplen la situación del sector productivo y comercial.
La decisión se tomó durante una reunión de la Comisión Directiva Nacional, en la que la organización manifestó su preocupación por el alcance de las medidas fiscales en un contexto de recesión. Según APYME, se realizaron reiterados pedidos a las autoridades para suspender las ejecuciones y establecer instancias de diálogo institucional, pero hasta el momento no obtuvieron respuesta.
De acuerdo con el comunicado difundido por la entidad, los embargos ejecutados por ARCA crecieron un 52% respecto del año anterior. El documento señala que las medidas pasaron de poco más de 1.000 en enero a casi 30.000 en un solo mes. Además, sostiene que más del 80% de las ejecuciones recayeron directamente sobre microempresas y que los montos involucrados superan los $285.000 millones.
La organización cuestionó los procedimientos de ejecución fiscal y afirmó que las medidas se implementan de manera automática y sin aviso previo, lo que puede comprometer la disponibilidad de fondos de las empresas afectadas.
Según APYME, la inmovilización de recursos dificulta el cumplimiento de obligaciones corrientes, como el pago de salarios, cargas sociales, proveedores e impuestos. También puede interrumpir las cadenas de pago y limitar el acceso al crédito, en un escenario en el que las pequeñas y medianas empresas necesitan sostener sus operaciones.
La entidad advirtió que estas dificultades repercuten sobre la producción, las ventas y la competitividad, y señaló que el aumento de los costos y las restricciones financieras pueden profundizar los problemas que enfrentan los establecimientos productivos y comerciales.
En su comunicado, APYME también cuestionó la diferencia de trato que, a su entender, existe entre las pequeñas empresas y los grandes grupos económicos, al mencionar los beneficios fiscales y los mecanismos de financiamiento disponibles para determinados sectores.
El reclamo por un plan de acción nacional
Frente a esta situación, APYME reclamó la suspensión inmediata de los embargos y las ejecuciones fiscales, junto con la apertura de un canal de diálogo institucional y la implementación de un régimen de regularización extraordinario.
La propuesta contempla planes de pago adaptados a la capacidad económica de micro, pequeñas y medianas empresas. La organización sostuvo que las condiciones deberían ofrecer previsibilidad y permitir que los contribuyentes regularicen sus obligaciones sin comprometer la continuidad de sus actividades.
Además, anunció que convocará a cámaras sectoriales y entidades representativas de trabajadores y de la producción para impulsar una respuesta conjunta. El objetivo es dimensionar las consecuencias de las medidas fiscales y promover alternativas que eviten un mayor deterioro del entramado empresarial.
El comunicado, fechado el 13 de octubre de 2026 en Buenos Aires y firmado por Julián Moreno, presidente de APYME, y Juan José Sisca, secretario, concluye con un pedido de revisión de los procedimientos vigentes.
La entidad remarcó que la respuesta a la situación debe contemplar la realidad de las empresas de menor tamaño y la importancia que tienen para el empleo privado y la actividad económica nacional.
