La industria del calzado enfrenta nuevos pedidos de asistencia ante el deterioro de la actividad y la pérdida de puestos de trabajo. En el Congreso Nacional y en la Legislatura bonaerense fueron presentados proyectos que buscan declarar la emergencia del sector y establecer medidas fiscales, laborales y productivas para sostener a las empresas y preservar el empleo.
A nivel nacional, la diputada de Unión por la Patria Luciana Potenza presentó un proyecto para declarar durante un año la emergencia de la industria nacional del calzado, con posibilidad de extenderla por otro período. La iniciativa contempla a todos los establecimientos productores del país, independientemente de su tamaño, origen del capital o modalidad de producción.
Según los fundamentos del proyecto, desde el inicio de la gestión de Javier Milei se perdieron más de 9.000 puestos de trabajo vinculados a la actividad. La propuesta también advierte sobre el cierre de empresas fabricantes y el deterioro de la producción en distintas provincias.
Entre sus principales objetivos, la iniciativa plantea sostener la actividad productiva, proteger los puestos de trabajo y combatir el ingreso ilegal de mercadería.
Beneficios fiscales y medidas para sostener a las empresas
El proyecto nacional propone crear un Registro Nacional de Industrias del Calzado, dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME. La inscripción sería obligatoria para que las empresas puedan acceder a los beneficios establecidos por la eventual ley.
Entre las medidas previstas se encuentran la exención del impuesto a las ganancias, una reducción de la alícuota del IVA al 10,5% y la exención del impuesto sobre los créditos y débitos bancarios. También se plantea un régimen especial para regularizar contribuciones patronales adeudadas desde enero de 2024.
La iniciativa contempla además la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares impulsadas por organismos recaudadores nacionales. En materia de servicios, propone evitar cortes de agua, electricidad y gas por falta de pago, habilitar planes de regularización de deudas sin intereses y suspender aumentos tarifarios durante el período de emergencia.
El acceso a estos beneficios estaría condicionado al mantenimiento de los puestos de trabajo. Las empresas perderían automáticamente el régimen si redujeran su personal o incurrieran en maniobras fraudulentas para obtener las ventajas previstas.
Uno de los puntos centrales de la propuesta nacional es la derogación del Decreto 236/2025, que redujo los aranceles de importación para el calzado. El proyecto también encomienda al Poder Ejecutivo establecer nuevos niveles arancelarios para el calzado y la industria textil, considerando criterios vinculados con la producción nacional, el empleo, los precios y la reindustrialización.
En paralelo, el diputado bonaerense Facundo Tignanelli presentó una iniciativa en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar durante un año la emergencia económica, productiva y laboral de la industria del calzado.
La propuesta provincial incluye beneficios fiscales e impositivos, herramientas de financiamiento, mecanismos para regularizar deudas y prioridad para la producción local en las compras públicas. El objetivo planteado es brindar un marco temporal de asistencia para que las empresas puedan atravesar el período de dificultades y sostener las fuentes laborales.
Ambas iniciativas coinciden en señalar la necesidad de implementar medidas de carácter excepcional frente al escenario que atraviesa la industria del calzado, con el foco puesto en la continuidad de las empresas y la preservación del empleo.
