El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) inició una reestructuración profunda de su oferta tecnológica con la eliminación de más de 900 servicios técnicos. La medida, oficializada mediante la Resolución 42/2026, apunta a concentrar recursos en áreas estratégicas y reducir la intervención estatal en prestaciones con baja demanda o presencia del sector privado.
La decisión forma parte de una revisión integral del organismo y se enmarca en una política más amplia de reorganización del Estado, con impacto directo en el entramado productivo y en la dinámica de servicios tecnológicos en el país.
Menos servicios y foco en áreas estratégicas
Según el diagnóstico oficial, muchos de los servicios que brindaba el organismo no eran considerados esenciales o contaban con alternativas en el mercado. En este contexto, el Gobierno decidió discontinuar prestaciones vinculadas a ensayos técnicos, controles industriales y análisis de laboratorio.
Entre los servicios alcanzados se incluyen estudios microbiológicos en alimentos, análisis de calidad de agua, calibración de instrumentos, controles de combustibles y ensayos sobre materiales industriales. También se eliminaron pruebas más específicas, como evaluaciones de confortabilidad en colchones o resistencia de distintos productos textiles.
Desde el Ministerio de Desregulación, encabezado por Federico Sturzenegger, señalaron que la medida busca evitar distorsiones en el mercado. El argumento central es que el Estado no debería competir con el sector privado en servicios que pueden ser ofrecidos en condiciones de mercado, especialmente cuando implican subsidios indirectos financiados por los contribuyentes.
Además, se remarcó que la baja de estos servicios permitirá optimizar recursos y reducir costos, al tiempo que se libera al sector productivo de procesos que, según la visión oficial, generaban demoras o dependencia.
Debate por el impacto en el organismo y el empleo
La medida generó tensiones internas y rechazo por parte de trabajadores del organismo, quienes advierten sobre un posible proceso de desmantelamiento. Desde distintos sectores sindicales sostienen que la reducción de servicios podría derivar en más de 700 despidos o retiros voluntarios.
También se plantea que varias de las capacidades técnicas afectadas no solo eran utilizadas como servicios aislados, sino que formaban parte de procesos más complejos de asistencia a la industria, desarrollo de productos y acceso a mercados internacionales.
A pesar de la eliminación de estas prestaciones, la resolución garantiza la continuidad de los contratos ya firmados y establece un plan de transición para cerrar las actividades de forma ordenada. Asimismo, el organismo deberá redefinir su oferta para enfocarse en áreas donde su intervención siga siendo clave, especialmente en innovación y desarrollo tecnológico.
En este escenario, el rediseño del INTI abre un debate más amplio sobre el rol del Estado en el sistema productivo, el equilibrio con el sector privado y el futuro de los servicios tecnológicos en la industria argentina.
