El Gobierno nacional oficializó un cambio clave en la política comercial al eliminar el derecho antidumping para zapatillas deportivas desmontadas importadas desde China. La medida, establecida a través de la Resolución 531/2026 del Ministerio de Economía, deja sin efecto el valor FOB mínimo vigente desde 2021 para este segmento específico, marcando un giro en la lógica de protección industrial.
La decisión impacta directamente en los costos de producción y abre una nueva etapa para la industria del calzado, con foco en modelos híbridos que combinan importación y ensamblado local.
Del proteccionismo al modelo de ensamblado
El cambio se apoya en un informe técnico de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, que detectó un “cambio de circunstancias” en el mercado. Según el organismo, mientras la industria local mantiene competitividad en segmentos tradicionales, enfrenta limitaciones en calzado deportivo de alta performance.
En este contexto, el Gobierno optó por liberar la importación de kits desmontados, componentes que luego se ensamblan en el país, en lugar de sostener barreras generalizadas. Este esquema permite mantener actividad industrial local, pero incorporando insumos y tecnología del exterior.
La medida fue impulsada por empresas del sector como Topper y Puma, que señalaron que el antidumping encarecía insumos clave para su producción. Según el análisis oficial, este modelo no desplaza empleo, sino que lo complementa, generando valor agregado en etapas industriales locales.
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La eliminación del valor mínimo de importación reduce costos y podría trasladarse, al menos en parte, a precios más competitivos para el consumidor. Además, habilita el acceso a materiales y desarrollos tecnológicos que no se producen localmente, mejorando la calidad del producto final.
Sin embargo, la medida también introduce una segmentación dentro del sector: mientras el calzado deportivo desmontado queda liberado, otros segmentos continúan bajo esquemas de protección. Esto reconfigura la competencia y puede generar tensiones entre distintos actores de la industria.
En paralelo, la decisión se alinea con una política más amplia de apertura selectiva, donde el objetivo no es eliminar la protección, sino aplicarla de manera estratégica según las capacidades de cada segmento.
En este escenario, el caso del calzado deportivo se convierte en un test para la política industrial argentina: si logra equilibrar costos, producción y empleo, podría anticipar un modelo replicable en otros sectores.
