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Patagonia lleva a Trump a la Justicia por reducir el área de tierras protegidas de Utah

Patagonia lleva a Trump a la Justicia por reducir el área de tierras protegidas de Utah

La empresa estadounidense de indumentaria para actividades al aire libre Patagonia inició una demanda contra la administración de Donald Trump por la decisión de reducir de manera significativa la superficie protegida de dos monumentos nacionales ubicados en Utah.

La compañía forma parte de una coalición integrada por organizaciones ambientalistas y grupos tribales que buscan impugnar la medida, que recorta aproximadamente 2,9 millones de acres, equivalentes a unos 1,17 millones de hectáreas, de las áreas protegidas de Bears Ears y Grand Staircase-Escalante.

El planteo judicial sostiene que, si bien el presidente de Estados Unidos tiene autoridad para establecer monumentos nacionales, no cuenta con facultades para reducir unilateralmente sus límites. Además, las organizaciones remarcan el valor cultural y espiritual que estos territorios tienen para las comunidades indígenas de la región.

La participación de Patagonia en el conflicto está vinculada directamente con el posicionamiento ambiental que la compañía desarrolló a lo largo de las últimas décadas. Su director ejecutivo, Ryan Gellert, calificó las órdenes de Trump como “ilegales” y sostuvo que la empresa no permanecerá al margen frente a decisiones que puedan afectar las tierras públicas.

“El propósito de Patagonia como empresa es proteger el planeta y utilizar todas las vías a su alcance para lograrlo. Incluida la judicial”, afirmó Gellert al explicar la decisión de participar en la demanda.

Patagonia funciona como una sociedad de beneficio público, una estructura que incorpora objetivos sociales y ambientales dentro de su actividad empresarial. En 2022, su fundador, Yvon Chouinard, transfirió la propiedad de la compañía a un fideicomiso ambiental, mientras que los beneficios que no son reinvertidos en el negocio se destinan a una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de la naturaleza.

De esta manera, la disputa por las tierras de Utah se convierte también en una expresión concreta de la estrategia de la compañía de vincular sus decisiones comerciales con sus objetivos ambientales.

Un conflicto que comenzó durante el primer mandato de Trump

La disputa por Bears Ears y Grand Staircase-Escalante no es nueva. En 2017, durante su primer mandato, Trump había reducido aproximadamente un 85% la superficie del Monumento Nacional Bears Ears y alrededor de un 47% la de Grand Staircase-Escalante.

La administración de Joe Biden revirtió posteriormente esas modificaciones y restableció los límites originales de ambos monumentos en octubre de 2021.

Bears Ears se creó en 2016 por el entonces presidente Barack Obama, mientras que Grand Staircase-Escalante se estableció en 1996.

La nueva reducción vuelve a colocar estos territorios en el centro de un debate que enfrenta distintas visiones sobre el uso de las tierras públicas estadounidenses.

Conservación frente al desarrollo de recursos

Desde la Casa Blanca, la medida se detuvo bajo el argumento de ampliar las posibilidades de utilización de estos territorios. La portavoz Taylor Rogers sostuvo que administraciones anteriores habían utilizado de manera excesiva la legislación sobre monumentos nacionales para restringir millones de acres y limitar actividades como la recreación, el pastoreo, el desarrollo de recursos y la prevención de incendios.

En su proclamación de julio, Trump también señaló que los recursos presentes en la región de Bears Ears son importantes para la independencia energética y de recursos de Estados Unidos y para la seguridad nacional.

Las organizaciones que presentaron la demanda, en cambio, consideran que la reducción representa un fuerte retroceso en materia de conservación. El Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC), otro de los demandantes, calificó la decisión como uno de los mayores retrocesos recientes en la protección de las tierras públicas del país.

El conflicto deberá ahora resolverse en el ámbito judicial, donde se pondrá en discusión no solo el alcance de las protecciones ambientales, sino también hasta dónde llega la autoridad presidencial para modificar monumentos nacionales establecidos por administraciones anteriores.

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Fuente: Bloomberg

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