La Justicia declaró la quiebra de Algodonera Avellaneda S.A., vinculada al Grupo Vicentin, y ordenó iniciar la liquidación de sus activos tras el fracaso del concurso preventivo y de la instancia de búsqueda de inversores. Sin embargo, la resolución contempla la continuidad transitoria de la actividad industrial para preservar el valor de las plantas y sostener los puestos de trabajo mientras se intenta vender la empresa en funcionamiento.
La decisión la tomó el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, Santa Fe. El magistrado consideró agotadas las alternativas para alcanzar un acuerdo con los acreedores y señaló que, durante el período de concurrencia o cramdown, no se presentaron interesados en adquirir la compañía o proponer un plan de reestructuración.
La resolución se produce en medio de una situación financiera crítica. Según los datos consignados en la causa, la empresa acumula deudas financieras superiores a los US$260 millones y pasivos posteriores a la apertura del concurso que superan los $6.000 millones. Entre los principales acreedores se encuentra el Banco de la Nación Argentina, cuyas acreencias verificadas superan los US$300 millones, de acuerdo con la información del expediente.
Pese a la declaración de quiebra, la resolución judicial contempla mantener transitoriamente la actividad productiva. El objetivo es evitar el deterioro de las instalaciones y la maquinaria, conservar el valor de los activos industriales y sostener los puestos de trabajo durante el proceso de liquidación.
La administración de la compañía quedó en manos de la sindicatura, que deberá asumir la custodia de los bienes y presentar un plan de explotación transitoria. Ese documento tendrá que precisar cómo se financiará la continuidad operativa, qué nivel de producción resulta sostenible y qué personal será indispensable para mantener en funcionamiento las instalaciones.
Los activos alcanzados por el proceso incluyen la planta de hilandería y tejeduría ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, Santa Fe, y las desmotadoras de algodón situadas en Bandera, Santiago del Estero, y General Pinedo, Chaco. También se encuentra comprendido un inmueble corporativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La continuidad productiva no implica que la empresa haya superado sus dificultades ni garantiza la conservación de todos los empleos. Se trata de una medida transitoria que busca preservar las unidades industriales hasta que se defina su destino dentro del proceso judicial.
La búsqueda de un comprador y los próximos pasos judiciales
La estrategia de liquidación contempla la posibilidad de vender Algodonera Avellaneda como una empresa en funcionamiento o mediante unidades productivas independientes. La intención es evitar una venta fragmentada de maquinaria e inmuebles que pueda reducir el valor de los activos y dificultar la continuidad de la actividad industrial.
Las futuras subastas o licitaciones estarán bajo supervisión judicial. Según la resolución, las condiciones de venta priorizarán las propuestas que contemplen la absorción de trabajadores y el mantenimiento de la actividad en los establecimientos de Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero.
Otro de los puntos centrales será determinar los recursos disponibles para afrontar los salarios vinculados con la continuidad operativa y establecer los mecanismos para verificar las deudas laborales que puedan tener prioridad de cobro.
En ese marco, el juez convocó a una audiencia pública informativa para el jueves 22 de octubre de 2026, a las 8:30, en los tribunales de Reconquista, con participación virtual. Fueron convocados acreedores, representantes gremiales, delegados de los trabajadores, empresas fasoneras y proveedores, entre otros actores vinculados con la compañía.
Durante la audiencia se prevé informar sobre el cronograma de liquidación, los fondos disponibles para el pago de salarios y los procedimientos relacionados con los créditos laborales.
La quiebra marca el inicio de una nueva etapa para Algodonera Avellaneda, en la que la prioridad será administrar sus activos y definir las condiciones de su venta. Mientras la sindicatura prepara el esquema de continuidad y avanzan las gestiones para encontrar compradores, el futuro de las plantas y de sus trabajadores dependerá de las decisiones que se adopten durante el proceso judicial.
